La Argentina vive la peor crisis económica de su historia, con mas de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, niveles desconocidos de marginación laboral, quiebra del aparato productivo, cesación de pagos externa y colapso del sistema financiero. Ha dejado de ser el alumno modelo del FMI y el ejemplo a seguir por otras naciones en desarrollo para convertirse en la peor experiencia del periodo de posguerra. Es mas, muchos argentinos dudamos poder salir de este abismo que no parece tener fin, al que nos condujeron en forma progresiva los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas.
El generalizado repudio de la población respecto de la dirigencia política y económica de los últimos 30 años responsables por acción, ineficacia u omisión de la situación actual, se expresa en el difundido que se vayan todos, que identifica a cacerolazos, escraches, marchas de desocupados y piqueteros, así como en las legiones de jóvenes que abandonan el país.
Paradigma y expresión patética de la conducta de esa clase dirigente son las dos principales figuras políticas surgidas tras la sangrienta dictadura militar de los 70: Alfonsin y Menem. Ambos llegaron al poder envueltos en las mejores banderas del radicalismo y peronismo, la democracia, el respeto por las libertades públicas y la reivindicación de los derechos humanos, en un caso, y la defensa del trabajo y la producción nacional, el desarrollo regional y la justicia social, en el otro. Sin embargo, ambos terminaron involucrados con lo peor y más desdeñable de cada uno de esos movimientos, priorizando intereses corporativos o individuales y traicionando la fe publica depositada en ellos.
Capitalismo a la Argentina
En la búsqueda de explicaciones a la involución económica y social del país se pueden encontrar diferentes visiones.
Los responsables directos en la ejecución de las políticas que llevaron a este estrepitoso fracaso nacional, que suelen emboscar hipócritamente sus intereses particulares tras las banderas de la libertad de mercado, discurren sobre el carácter "populista" de nuestro país y las dificultades de establecer un sistema capitalista. Para esta corriente de pensamiento, ligada a la defensa de los intereses de los grupos económicos dominantes, la Argentina no es capitalista -de allí la crisis- y el desafío reside en realizar las transformaciones pendientes para convertirse en una real economía de mercado. Obviamente, los deberes pendientes se refieren al desmantelamiento de lo poco que queda del Estado, ya sea en el campo económico o social.
En la Argentina de hoy -después de haberse consumado la entrega a precio vil de los recursos naturales, concesionado servicios básicos con clientela cautiva y tarifas abusivas, privatizado ineficientemente el ahorro público y arrasado con los controles al ingreso irrestricto de capitales y mercaderías, se requiere de mucha ingenuidad para creer que la salida de la crisis pasa por la privatización del Banco Nación y del PAMI o el despido de una tercera parte de los empleados públicos y la reducción de los cargos políticos al nivel nacional y provincial.
En el otro extremo se encuentran quienes piensan que la experiencia argentina es una clara muestra del fracaso del capitalismo en general, sin profundizar en las características domésticas. Este tipo de afirmaciones de carácter general no explican adecuadamente el desarrollo de otros países ni se traducen en propuestas operativas para la coyuntura.
Desde nuestro punto de vista, en Argentina se ha desarrollado un tipo de capitalismo prebendario y antiindustrial fundado sobre privilegios institucionales, al que sería mas propio calificar de modelo de "capitalismo mafioso" y de economía de saqueo", de atenernos a la forma como se llevo a cabo la expropiación de la propiedad pública. En la consolidación de este modelo ha jugado un rol sustancial el Estado a través de la entrega de recursos, concesión de servicios, canalización forzosa del ahorro y desmantelamiento de redes de protección a la industria nacional. Los favorecidos han sido, por un lado, una camarilla de pseudoempresarios beneficiarios directos de las reformas -la llamada patria contratista- y, por otro, sectores económicos del exterior, que han aprovechado de la desindustrialización y el desmantelamiento del aparato productivo.
En la Argentina de hoy, el mercado y la competencia funcionan casi exclusivamente en determinados sectores y al nivel de pequeñas y medianas empresas mientras que en el resto de la economía predominan monopolios y oligopolios surgidos de contratos o concesiones leoninas hechos con el Estado.
El desafío consiste, justamente, en cambiar el modelo actual y establecer un capitalismo de producción y competencia, lo cuál requiere de un Estado activo que lleve a cabo las transformaciones institucionales necesarias.
De la recesión con deflación a la depresión con inflación
¿Estamos frente a un cambio de modelo? ¿Son idóneas las medidas de política económica adoptadas por la gestión Duhalde-Remes para revertir la crisis?
En primer lugar, el Gobierno no esta haciendo nada para cambiar el modelo vigente y reorientar el rol del Estado en la economía, promoviendo un capitalismo competitivo, sustentado en la industrialización y la mejora en la distribución de ingresos. Por el contrario, la inflación generada por la
devaluación ha deteriorado el poder adquisitivo de la población profundizando la crisis y acentuando el carácter excluyente del modelo.
La más importante de las medidas adoptadas, el abandono de un sistema de tipo de cambio fijo por otro de flotación sucia, medida impulsada por el FMI y sectores vinculados a la producción de bienes exportables, produjo una fuerte devaluación del peso que ha sumado un nuevo problema a los ya existentes, la inflación. La recesión con deflación se ha transformado en depresión con inflación.
Las claves para interpretar la coyuntura y no confundirse con las marchas y contramarchas del Gobierno se encuentran en el programa económico que impulsa el FMI. La mayor preocupación del Fondo es obtener superávit en las cuentas externas de Argentina, es decir, la generación de saldos positivos en la balanza comercial para hacer frente a los compromisos financieros derivados del endeudamiento y las remisiones de utilidades generadas por las inversiones externas radicadas en el país. Todo ello manteniendo o, de ser posible, reduciendo los aranceles a la importación vigentes, objetivo estratégico de EEUU y el mundo industrializado.
La receta que permite resolver esta ecuación es simple: comprimir la demanda interna con la finalidad de reducir importaciones y aumentar exportaciones. Los instrumentos de política económica para alcanzar este objetivo son dos: la devaluación y el ajuste fiscal. Mediante la devaluación se reduce el consumo privado a través de la perdida de poder adquisitivo que provoca la inflación, mientras que por el ajuste fiscal se contrae el componente de la demanda que debería actuar como factor anticíclico y propulsor de la salida de la crisis.
La falacia de la vía exportadora
Obviamente, el marketing del modelo se realiza desde otro ángulo, ocultando su carácter excluyente y realzando su supuesta virtud. La baja de salarios reales haría más competitiva la producción local provocando un sustancial aumento de las exportaciones que impulsaría un nuevo sendero de crecimiento.
Para alcanzar su propósito los propagandistas de la vía exportadora suelen recurrir a la utilización de técnicas subliminales que facilitan la asociación entre la Argentina conservadora, rica, generosa y abundante, de principios de siglo, con una economía con escasa injerencia estatal, poco industrializada y centrada en la exportación. El sentido del mensaje es claro: el paraíso se perdió por culpa del populismo y la intromisión del Estado.
Sin embargo, la experiencia internacional es rica en ejemplos que refutan por ingenuo o malintencionado el argumento anterior. Hoy, en plena transnacionalización no se puede esperar del mercado, al menos para países en desarrollo, que produzca las transformaciones necesarias requeridas para consolidar un modelo industrial exportador.
Los ingenuos de mercado deberían estudiar con mayor detalle la experiencia latinoamericana y observar que las fuertes contracciones salariales tienden a consolidar un modelo regresivo de distribución del ingreso (concentrador-excluyente), en el que un pequeño núcleo de población captura un alto porcentaje de los ingresos en concomitancia con aumentos de la pobreza y el desempleo. Este tipo de modelo determina un perfil productivo de carácter primario-exportador con un limitado desarrollo industrial y una escasa absorción de empleo. En esa Argentina sobran veinte millones de argentinos.
Es mas, el superávit externo, objetivo de la devaluación, en lugar de orientarse al financiamiento de nuevas inversiones se termina aplicando, por un lado, al pago de compromisos financieros y retorno de inversiones extranjeras y, por otro, al consumo suntuario o ahorro en el exterior.
Este es el horizonte que tenemos. El grado de endeudamiento y la fuerte presencia de inversiones extranjeras en el sector productivo y financiero permiten prever que la exclusión, definida como pobreza, desempleo y bajos salarios, llegó para quedarse. Resulta ilusorio, al menos en el corto plazo, soñar con la difusión de una eventual bonanza derivada de una expansión económica motorizada por las exportaciones.
La virtuosidad de un esquema devaluación = mas competitividad = mas exportaciones no es automática en países en desarrollo. Construir un sector industrial exportador requiere de la activa presencia del Estado.
Alternativas
Las alternativas existen. Desde el rescate crítico de nuestra propia experiencia de industrialización sustitutiva a los modelos de industrialización orientada a exportaciones realizados en el sudeste asiático. En todos los casos las experiencias exitosas fueron el resultado de una fuerte presencia del Estado tanto en la planificación como en la ejecución de las actividades necesarias, en manos de una dirigencia eficiente y con vocación nacional.
Sin embargo, en el corto plazo la única posibilidad de reactivación reside en una inyección de recursos que movilice la economía mediante un golpe de consumo y un programa de inversión pública. El Gobierno cuenta con los instrumentos para implementar una acción de estas características a través de planes sociales, aumento de jubilaciones, realización de viviendas y obras de infraestructura.
La solución de la crisis económica actual no es un problema de teoría económica sino de política económica. Los instrumentos existen pero se requiere de decisión para su aplicación.
